El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un Real Decreto para iniciar un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta iniciativa busca garantizar derechos, seguridad jurídica e integración social a miles de personas que ya forman parte del tejido social y económico español.
¿Quiénes podrán acogerse a esta regularización?
Podrán optar a esta regularización las personas extranjeras que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una permanencia continua de al menos cinco meses. Además, también se podrán beneficiar quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa fecha. Como requisito general, deberán carecer de antecedentes penales, con el objetivo de preservar la seguridad pública.
Características del permiso y ventajas
Los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán una autorización provisional de residencia y trabajo por un período inicial de un año. Este permiso les permitirá incorporarse al mercado laboral en cualquier sector desde el momento en que su solicitud sea admitida a trámite, facilitando su acceso a derechos laborales y protección social.
Además, el proceso contempla la regularización simultánea de los hijos menores de edad que se encuentren en España, otorgándoles un permiso de residencia de cinco años, con el objetivo de fortalecer la unidad familiar y su integración estable.
Plazos y presentación de solicitudes
Las solicitudes de regularización podrán presentarse a partir de abril de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026, una vez concluido el proceso administrativo necesario para la puesta en marcha del Real Decreto. La medida se ha diseñado para que el procedimiento sea ágil y con una carga burocrática reducida, lo que permitirá a las personas interesadas gestionar su situación legal en plazos razonables.
Contexto y objetivos de la medida
El Gobierno ha enmarcado esta iniciativa dentro de un Plan de Integración y Convivencia Intercultural más amplio, destinado a fortalecer los derechos humanos, la cohesión social y la cohesión económica. La tramitación urgente por Real Decreto evita la necesidad de convalidación parlamentaria, lo que acelera la aplicación de la medida ante la «realidad social existente».
La ministra responsable del área ha recordado el precedente de otras regularizaciones extraordinarias impulsadas por distintos gobiernos en las últimas décadas, subrayando la importancia de adaptar las respuestas jurídicas a las necesidades sociales reales.
Puedes ver la noticia completa aquí
Comentarios recientes